¿SALIENDO DE LA CRISIS?

Hace unos días tuve ocasión de asistir a una conferencia donde estaban presentes representantes de asociaciones del denominado "tercer sector". Entidades dedicadas a trabajar en sectores sociales que no perciben, ni tienen, el amparo de la sociedad organizada institucionalmente, es decir, del Estado.

Asociaciones que llevan a cabo su labor en un amplio abanico ciudadano. Desde las que trabajan en la atención de la población excluida, temporalmente o de forma permanente, hasta las que dan apoyo a pacientes con enfermedades raras. Por citar un abanico lo suficientemente amplio para englobar la casuística de lo que existe en la sociedad y que no es atendida de forma correcta por las instituciones.

La primera reflexión que me suscitó este encuentro,  fue el incremento de estas entidades en los últimos años. Aumento que por un lado demuestra la vitalidad de una sociedad para la asociación y la solidaridad, pero por otra parte, creo que es producto de la crueldad de esta crisis y la forma que ha tenido el Gobierno de combatirla.

Dejar a los colectivos que necesitan del apoyo de las instituciones a su suerte, y en caso de los excluidos social o por motivos económicos incentivar el desarrollo de una sociedad que nada tiene que ver con un estado de derechos, ha sido producto de una determinada posición ideológica. Alentar un sistema de beneficencia frente a un estado de derechos es su resultado.

Incentivar el concepto de que, ante la gravedad de la crisis, una buena ciudadanía es la que se dedica a la colaboración y la solidaridad, y así evitar poner sobre el tablero de las soluciones su obligación como gobernante en el mantenimiento de derechos, máxime en momentos como este, no es algo surgido espontaneamente.

Convertir en un acto de moral personal lo que tiene que ser una buena estructuración de la sociedad, entorno a la construcción de un  fuerte tejido asociativo, dando prevalencia a conceptos trasnochados como la caridad, ha sido una decisión política. Favorecer actitudes que parecían estar ya superadas en una sociedad moderna y que solo llevan a perpetuar una dualidad en la vida de los ciudadanos, tiene una base ideológica. Sin duda.

El debate radica en las diferentes formas de asumir la respuesta ante la crisis. La solidaridad versus la beneficencia, los derechos versus las dádivas.

Es cierto que esta crisis ha dado lo mejor de la sociedad en forma de comedores sociales, trabajos de trueque, bancos de alimentos, ropa, ayuda en domicilio y podría seguir citando centenares de formas de compromiso y ejemplo de actuaciones. De un compromiso intenso de miles de ciudadanos con sus compatriotas en  situaciones límite..

Y no es mi intención criticarlo. Si poner en el debate, para su reflexión, que esa sea una forma estructural de atender las demandas de los más débiles en la sociedad del siglo XXI.

Es más, podríamos preguntar a las personas que se encuentran reconfortadas espiritualmente al dedicar muchas horas de su vida a la solidaridad, que trabajan intensamente, o contribuyen con aportaciones dinerarias, en  los diferentes sectores y actividades que dan protección y sustento económico, alimentario o de acogida, si la alternativa fuera pagar más impuestos para que el Estado tuviese los recursos adecuados ¿se encontrarían igual de realizados moralmente?.

¿Por qué existe una resistencia a contribuir, a incrementar los ingresos públicos, para evitar recortes, perdidas de subsidio o programas de atención a los sectores indefensos de la sociedad, y en cambio vemos moralmente positivo financiar entidades, dedicar horas de nuestro tiempo a los demás? ¿Por qué no es posible lo primero y que lo segundo sea una forma de participar en la sociedad pero no ser la única balsa de salvación de los que están en dificultades?

Utilizar los conceptos de caridad y beneficencia como única forma de resolver los problemas que afectan a muchas familias, puede ser gratificante moralmente para quien la realiza. Pero cuando la decisión proviene de un concepto ideológico basado en un Estado mínimo y carente de competencias, es el inicio de una sociedad dual.

Una cosa es fortalecer a la sociedad  incentivando la existencia de una red ciudadana y social que ayude a vertebrar más eficientemente la sociedad, que se corresponsabilice en la gobernanza. Otra, muy diferente, es que se retiren derechos y recursos públicos dejando a los ciudadanos al buen hacer de estas entidades o de las personas en particular.

España en el siglo XXI y los españoles se merecen una sociedad moderna, solidaria y de derechos. No puede convertirse, para una parte de los ciudadanos, en una de beneficencia.