Termina una semana y comienza otra que merecen una breve reflexión. De lo acontecido en la sesión plenaria del Senado de España y de lo que va a suceder, mañana, en el pleno convocado para aprobar, con los votos de la mayoría del PP, las últimas leyes del año.
En la pasada semana se tramitaron los presupuestos generales para el 2014. Presupuestos donde se incide en los recortes, la subida impositiva a millones de familias mediante las correcciones en el IBI y la falta de estímulos económicos para crear empleo por la acción directa del gobierno.
Sesión plenaria donde, además,se debatieron, en su tramitación final, varias leyes. Una de ellas, por su gran importancia pues afecta al futuro de millones de españoles, la reforma de las pensiones. Es la primera vez que se reforman, en España, las pensiones sin acuerdo con los agentes sociales, económicos y la mayoría de los representantes políticos. Es la primera vez que se aprueba, una reforma de este calado, sin dejar que se aplique la anterior en marcha y que fue consensuada entre todos. Y es la primera vez que se verán afectados, por la reforma, los que ahora tienen una pensión en vez de actuar sobre las del futuro.
Una reforma regresiva socialmente y con efectos económicos importantes. Le impide a los pensionistas la capacidad de recuperar el poder adquisitivo, ya no solo en estos momentos de crisis sino también en el futuro. Un cálculo realizado por expertos en cotizaciones y pensiones establece que en los próximos siete años los pensionistas dejaran de percibir 33.000 millones de euros. Esto significa una pérdida media de 1.200 euros al año. Es decir, a partir de esta ley, iniciaran su nueva etapa de vida con una pensión mucho más baja que la que les correspondería si siguiese en marcha la reforma pactada en 2010, por cierto, entre todos.
Y el próximo lunes debatiremos en el pleno del Senado, la contrarreforma de la administración local. Donde el gobierno pone reforma, la realidad es un retroceso que notaran en diversa intensidad los vecinos. No solo va en contra de lo que ha sido la realidad, en los últimos treinta años, de una España cada vez más moderna e igualitaria en el acceso a servicios, también supondrá un retroceso en la construcción de una Europa de más proximidad y subsidiaridad.
Nuestros Ayuntamientos, trabajando, gobernando pegados al territorio y próximos a los ciudadanos generaron bienestar y calidad de vida en pueblos ciudades y villas. Ahora se verán obligados a retirarse de muchas de sus actuaciones y gestiones. Los vecinos perderán servicios, perderán la acción próxima y eficiente de los Ayuntamientos y si necesitan acceder a los servicios que ahora prestan los Ayuntamientos pues serán obligados a dejar de gestionarlos muchos de ellos, tendrán que pagar por ellos o dejar de tenerlos.
Y todo ello sin aceptar enmiendas de los demás grupos.
¿No os suena a rodillo ideológico?.
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