La tentación ante las noticias aparecidas sobre el espionaje a ciudadanos españoles, podría ser hacer un chiste y hablar de Anacleto y su agencia de espías. La tentación seria pasar de la noticia y considerar que es "normal¨ para protegernos. Pero no podemos hacer eso, por la gravedad y por la deriva que están teniendo los departamentos de inteligencia con estas, hasta ahora supuestas, medidas para garantizar "nuestra seguridad".
El gobierno debería dar detalladas y exhaustivas explicaciones.
Explicaciones convincentes y en el Parlamento.
En primer lugar aclarar si un País extranjero ha violado el derecho a la intimidad de las comunicaciones de los españoles.
En segundo lugar si los servicios de inteligencia nacionales han realizado un masivo escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos españoles.
Y en tercer lugar, en caso afirmativo, que precepto legal ha amparado esas dos supuestas acciones.
El gobierno contestó en el Senado a una pregunta parlamentaria que en España no se produce ninguna escucha ilegal y que toda intervención en la intimidad de las comunicaciones está precedida de un mandato judicial. Por eso seria conveniente que el Gobierno, ante las noticias aparecidas, dejase bien claro a los españoles que no ha sucedido. Estamos hablando de derechos básicos fundamentales y constitucionales. Derechos que estos servicios deben de proteger. Y si sucedieron y no existe mandato legal sería lógico exigir responsabilidades.
Protección e información no pueden ser compatibles con soslayar los derechos de los ciudadanos. La garantía que tiene la democracia es que salvaguarda ambos conceptos. Por eso nos diferenciamos de las dictaduras y de los terroristas. Porque toda nuestra acción está basada en la ley y ella ampara todas las decisiones. Pero si se cumple la ley.
A esas explicaciones esperamos.
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