PORTUGAL

La decisión del Tribunal Constitucional portugués abre una ventana de aire fresco en la habitación en donde nos tenían metidos los tecnócratas europeos con sus decisiones, sin base teórica alguna, de ajustes a cualquier precio y consecuencias para la ciudadania.

Parecía que existía una ilimitada capacidad de las estructuras de la UE para intervenir en los gobiernos en detrimento de sus legalidades, nacidas de los consensos sociales, y exigirles acuerdos en contra del bienestar de sus ciudadanos. Y que era una sacrosanta e inalterable forma de actuación. O se produciría el cáos.

El TC portugués ha dicho no. Y su decisión tiene más alcance que los beneficios que traerá para los ciudadanos portugueses.

Demuestra que la UE no puede decidir sin contar con las leyes vigentes o las reglas de juego que una Nación se da para mantener su convivencia, por mucho tratado de Lisboa vigente.

Pero también constata otra cosa muy importante. Que además de la falta de una teoría económica que sustente estas decisiones de recortes y ajustes alocados, por el escaso tiempo para llevarlos a cabo y por el número de ciudadanos que lo soportan, no hay sustento legal para alguna de ellas.

El Gobierno de España debería empezar a reflexionar sobre las suyas.