Voy a votar sí a la propuesta de ley orgánica que regula e informa la abdicación del actual Jefe del Estado. Lo voy a hacer como Senador, del PSOE, elegido en listas abiertas en las pasadas elecciones generales, como militante socialista y como ciudadano que quiere vivir en un país donde se respete el Estado de derecho.
Además lo haré para mantener la coherencia, la responsabilidad y la fiabilidad ante mis ciudadanos y votantes. Características, en la acción parlamentaria, que me piden los ciudadanos y que son las formas de actuar del PSOE. Como partido en el gobierno o en el ejercicio de la oposición.
Voy a votar la aplicación de un artículo de la Constitución. Constitución que he defendido, que he votado y que ha servido al PSOE para cambiar, reformar y hacer progresar a España.
Voy a votar sí porque mi partido y los diputados y senadores socialistas, que habían sido elegidos en la Cortes Constituyente, ya dejaron con suficiente claridad, con su voto, la posición del PSOE en la forma política del Estado, y esta ley orgánica objeto de votación no invalida esa posición.
Nuestra posición quedó definida, por los diputados socialistas constituyentes. Diputados que con la misma contundencia que expresaron su si a la Constitución, también presentaron y defendieron en voto particular, en el articulado sobre la forma política del Estado, la estructura republicana como mejor forma de gobierno. Voto particular que fue rechazado por el voto de UCD, Partido Comunista, AP (el actual PP), y Minoría Catalana, que votaron que el artículo 1.3 estableciera que el sistema político fuese el de una Monarquía Parlamentaria.
Para los diputados socialistas constituyentes la Constitución votada permitía cambiar la sociedad,con las ideas de los socialistas, por la acción de gobierno.
Y se demostró a lo largo de estos años. Sucesivos gobiernos socialistas, con la Jefatura del Rey Juan Carlos I, llevaron a cabo sus proyectos socialdemócratas con total libertad y con el refrendo de millones de españoles. La Constitución aprobada posibilitó, al PSOE, cambiar la sociedad con sus propuestas y principios ideológicos.
También la Constitución permitió el gobierno de la derecha. Gobiernos que legislaron de acuerdo con sus intereses. Lo mismo paso en los diferentes territorios de España donde partidos nacionalistas, partidos de derechas y partidos de izquierda pudieron llevar a cabo sus propuestas amparados por la legalidad vigente. Y los ciudadanos estar protegidos por la Constitución de su acción ejecutiva, legislativa y judicial.
La constitución del 78 fue fruto de un gran consenso que permitió ser apoyada por la inmensa mayoría del arco político e ideológico. Y posteriormente obtener un respaldo masivo en referéndum. Legitimación democrática.
Ya han pasado varias décadas y muchos pensamos que debería ser preciso iniciar una reflexión parlamentaria, sobre la conveniencia de plantearse reformas constitucionales. El PSOE así los cree y por ello presentó en el Congreso una propuesta que afectaba a tres aspectos de nuestras vidas. Las nuevas respuestas a la estructura territorial, el blindaje del estado de bienestar y las respuestas a los nuevos derechos que emergen con los cambios sociales. Esta propuesta no encontró los suficientes apoyos en el actual marco parlamentario.
Ahora estamos ante un trámite concreto. La aplicación de un articulo de nuestra Constitución. Y han surgido diversos y diferentes estados de opinión, aprovechando la abdicación del Jefe del Estado, acerca de que si es preciso volver a preguntar a los ciudadanos como se estructura políticamente el Estado. Es decir, una reforma de la Constitución en su artículo primero y su posterior referéndum.
Creo que la situación es más compleja y más amplio el abanico de reformas de la Constitución que debe ser sometido a consideración.
Argumentos hay, la sociedad ha cambiado, los problemas son distintos y las nuevas generaciones tienen otras prioridades que el articulado constitucional actual no preveía. El paso del tiempo podría ser suficiente argumento para algunos, también. Pero el más importante radica en que la Constitución es por definición consenso y eso es lo que en este momento se ha truncado por la acción del actual Gobierno
Sus decisiones ejecutivas y legislativas, a mi entender, han roto consensos constitucionales entorno a los derechos laborales, la salud, la educación, las libertades, la justicia o la atención a personas con discapacidad. Y son los que mejor fundamentarían llevar a plantear al parlamento y a la sociedad una reforma constitucional que restablezca los acuerdos y consensos que permitan mantener los derechos actuales y futuros de los españoles.
Es esta ruptura del equilibrio ideológico constitucional la que debe dar base a la propuesta de reforma de la Constitución del 78. Un nuevo consenso para encontrar equilibrios, dar respuestas a las demandas de una sociedad nueva e integrada en Europa, tratar la estructura territorial, blindar derechos sociales y volver a hablar, como no, de la estructura política del Estado.
Para reequilibrar, otra vez, el marco legislativo. Y consenso significa amplia mayoría, a ser posible totalidad de las fuerzas políticas.
El método no es conseguir una mayoría simple para cambiarla, el objetivo es tener una mayoría muy cualificada para cambiarla. Para que volvamos a estar la inmensa mayoría de los españoles cómodos y defendidos por una Constitución de todos.
Y que con la misma decisión de consenso, acuerdo, y equilibrio que permitió construir una nueva estructura de Estado en 1978, podamos trasladar al cuerpo electoral, para su referéndum, una reforma constitucional que de respuesta a los temas que el siglo XXI demanda. Reforma donde se sientan representados la inmensa mayoría de los ciudadanos que viven en este nuevo siglo. Y que permita , a todas las fuerzas políticas, gobernar con autonomía cuando los votantes les den su confianza en elecciones libres. Pues es la única garantía de éxito, estabilidad y duración.
La actual Constitución no solo establece que puede ser reformada, también indica como debe ser el trámite y cuales son los pasos legales para hacerlo. El PSOE, por cierto, así lo ha pedido en el Congreso.
Por todo esto, y asumiendo que es precisa una reforma constitucional producto de un nuevo consenso, ahora, ante el cumplimiento de un precepto legal de la Constitución que voté en referéndum, que prometí acatar y defender votaré si en el Senado a la tramitación de la ley orgánica por la que se comunica la abdicación del Rey.
Y haciéndolo, ni abdico ni abdicamos de ningún principio los que pertenecemos a un partido que a lo largo de 135 años ha transformado a España en diferentes y muy distintas formas de estructura política del Estado, respetando el ordenamiento legal.
Sabemos bien lo que somos. Y aunque le moleste a ciertos partidos y a algunos de sus dirigentes políticos somos autónomos.
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